Petrodiplomacia ecuatoriana. Por Miguel A. Jaimes N.
Viernes, 28/02/2014 12:24 PM
La República sudamericana de Ecuador llegó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973 y por varias causas se retiró de la misma en 1992; pero el 24 de octubre del 2007 regresó. Siendo miembros del más poderoso cartel petrolero deben generar una investigación internacional que sancione el elevado daño ambiental de la Chevron-Texaco sobre su Amazonía, Todos los restantes once miembros del cartel tienen contratos de extracción con esta corporación que es la más grande del mundo. Con esto me refiero a la conformación de bloques como Petrosur y el gran Gasoducto del Sur —aparte de Petrocaribe y Petrosur— así como a las alianzas con otros productores OPEP y los que están fuera. Hablo de un bloque cuya solidez y potencia pida cuentas, sancione y paralice proyectos e inversiones si Chevron-Texaco no resarce los daños ambientales primeramente en Ecuador y que sus técnicas de extracción no se repitan en otras áreas.
Las fuerzas del Sur y sus antecedentes históricos ya conforman un arco suramericano energético. Bases de un reciente interregionalismo donde los recursos provenientes del subsuelo proponen ser transformados como la única vía del progreso, y por ende de su futuro. Esto significa que la atención a una estrategia de minimización de impactos —tanto en materia petrolera como minera— converge en una línea de acción que debe ser planteada en el seno de un organismo natural al cual pertenecen las doce naciones petroleras del mundo las cuales están diseminadas en tres zonas cruciales: África, Medio Oriente y Suramérica que en conjunto administran el 30% de las rutas, comercio y consumo petrolero, además almacenan el 80% del petróleo que necesita la humanidad por los próximos siglos. Hablo, pues, de la OPEP. Con lo cual quiero decir que la presentación de un abanico de propuestas debería estar encuadrada también desde el bloque del ALBA-TCP, en alianza con la OPEP.
Concretamente en el caso de Ecuador, la transnacional petrolera Chevron-Texaco es socia —en diferentes acuerdos y relaciones comerciales— de los doce países del cartel. Quiere esto indicar que los doce países que conforman el poderoso cartel de la OPEP mantienen relaciones comerciales de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos con la gigante norteamericana.
La OPEP, principalísima dueña del material fósil que más importancia ha recobrado en el planeta, debe abrir una hoja de ruta para cuidar, proteger y mantener los recursos de todos sus socios. Por ello se constituye —en el territorio de las opciones— como la mejor carta bajo la manga e iniciativa que debe impulsar el Estado y la sociedad ecuatoriana, seguir el ejemplo de las poblaciones locales organizadas bajo el Frente de Defensa de la Amazonía, a fin de exigir reparaciones a la altura de los incuantificables daños ambientales y de perjuicio a personas y comunidades causados por esta empresa estadounidense. El Frente de Defensa de la Amazonía ha escriturado y demandado a la compañía estadounidense; por lo tanto, los socios que conforman la membrecía del cartel OPEP inmediatamente deben tomar la denuncia para elaborar una investigación internacional. No obstante —y al mismo tiempo— el amplio proceso jurídico-petrolero llama —a título de convocatoria— a la creación de una Alta Comisión OPEP que revise, estudie y sancione los daños cometidos. Y asimismo —y a pesar de la autonomía de sus países— proponga recomendar la revisión aguda y crítica en cuanto a las futuras negociaciones y los acuerdos que estén por desprendan.
Tal como se ha hecho saber, a través de la difusión mediática, Chevron-Texaco contaminó 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, según ha sido probado en el juicio del Lago Agrio, utilizando técnicas obsoletas para ahorrar costes y causando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia petrolera mundial.
Dentro de la misma secuencia de desastres, Chevron-Texaco utilizó todos los medios a su alcance para trasladar el juicio planteado por el Frente de Defensa de la Amazonía a una corte ecuatoriana, con la expectativa de lograr una sentencia favorable. Pero, una vez condenada en el Ecuador a pagar USD 19.000 millones a las comunidades afectadas, se negó a aceptar el veredicto.
Y continúa: Chevron-Texaco ha recurrido a instancias de arbitrajes internacionales, utilizando de manera retroactiva un trabajo bilateral de inversiones —que no contemplaba esta posibilidad— para intentar endosar su responsabilidad al Estado ecuatoriano.
Y finalmente: Chevron-Texaco no asume su responsabilidad por el desastre medioambiental causado en la Amazonía y utiliza todo su poder e influencia política más sus millones de dólares en cabildeo, entre otros. para intentar afectar los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano.
Lo que anteriormente se ha citado constituye una de las innumerables rutinas que realizan las empresas transnacionales, con un modus operandi similar a Chevron-Texaco. Lo cual incrementa más, en tanto y en cuanto la responsabilidad, la relevancia del cartel OPEP y del ALBA-TCP, todo en el momento de actuar corresponsablemente en la prevención de fenómenos de esta índole o, en última instancia, proceder a emplear los mecanismos jurídicos internacionales para condenar desastres como el ecocidio en el Ecuador.
